El titular de la Secretaría de Asuntos jurídicos de Fuerza del Pueblo (FP), Raúl Martínez, manifestó que ante el cierre del sistema de Justicia en el país por los efectos de la pandemia, y la necesidad de contribuir con su reactivación para garantizar el servicio este órgano se dispone a proponer algunas medidas al respecto.
La Secretaría de Asuntos Jurídicos propone que se habiliten espacios para asegurar el acceso a procesos realizados de manera virtual, debido a que una parte significativa de los abogados en ejercicio y la ciudadanía podrían confrontar dificultades para la realización de trámites administrativos o para participar en procesos judiciales que pretendan ser llevados a cabo de manera virtual.
El dirigente político sugirió, además, acogerse a las recomendaciones del grupo de expertos del Instituto Caribeño del Estado de Derecho (ICED), quienes en un reciente documento aconsejaron habilitar espacios en las sedes de los edificios judiciales para que el usuario que no disponga de los medios para acceder por sí mismo al procedimiento en cuestión pueda hacerlo en ese lugar, cumpliendo con un estricto protocolo sanitario que permita prevenir el contagio.
Sugieren habilitar alguaciles
Asimismo, exhorta para celebrar audiencias virtuales en materia civil, comercial e inmobiliaria y además, la habilitación de los alguaciles, debido a que el plan de continuidad puesto en marcha por el Consejo del Poder Judicial omite referirse a la situación de estos trabajadores.
“Tomar en consideración la situación de precariedad que atraviesan las familias de numerosos alguaciles, por lo que conviene habilitarlos para que puedan notificar, tomando todas las medidas pertinentes para evitar nuevos contagios”, sugirió el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de FP.
El jurisconsulto puntualizó que el Estado social y democrático de derecho que promete la Constitución, es indispensable que pueda contar con un servicio público de justicia eficaz y transparente.
“De manera que estas recomendaciones de La Fuerza del Pueblo se proponen contribuir con la cristalización de este supremo mandato, desde el cual se configuran derechos fundamentales que corresponden a cada uno de nuestros ciudadanos”, añadió Martínez.
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